Las administraciones y la red social X

Una de las preguntas que me he planteado desde que el magnate Elon Musk compró la red social X y comenzó una política de “todo vale” en la plataforma es si X debe pertenecer a la esfera pública digital.

La red Twitter, ahora X, era una plataforma altamente relevante para el sistema político porque, por un lado, permitía una elevada viralidad de los contenidos publicados y, por otro, facultaba la comunicación directa, sin intermediación periodística, entre el sistema político y la ciudadanía (Moya-Sánchez y Herrera Damas, 2015). Esta afirmación realizada en 2015, basada en la creencia de que el algoritmo que utiliza X era neutro, hoy en día ya no es válida.

Hemos observado cómo, independientemente del mensaje que se emita, el algoritmo distribuye el contenido que la plataforma desea priorizar. Muchas veces, los mensajes que llegan a los usuarios provienen de terceros que, desde un enfoque manipulador, opinan o informan sobre hechos, generando realidades virtuales completamente falsas.

Un ejemplo reciente lo hemos visto en el desastre natural ocurrido en Valencia. Innumerables videos y publicaciones informaban, sin ninguna fuente fidedigna, de la muerte de cientos, incluso miles de personas debido a las inundaciones, creando una percepción de caos, miedo y ansiedad mucho mayores de los que ya existían. Simultáneamente, se potenció la imagen pública de personas extremistas, sin conocimiento ni experiencia en situaciones similares, que se posicionaron como supuestos informadores de esa realidad virtual.

También hemos notado cómo la interacción directa entre instituciones y ciudadanía, que permitió a las administraciones públicas desempeñar un papel de emisoras de información tradicionalmente reservado a los medios de comunicación masivos (Pont-Sorribes y Saurí-Gomila, 2019), ha desaparecido o se ha diluido significativamente. Esto se debe a que X ha relegado a las instituciones públicas a simples publicaciones que no alcanzan a los ciudadanos, ya que el algoritmo prioriza noticias inciertas o falsas que, en ningún caso, son verificadas como reales por la plataforma .

La idea de que la “red X” no debería ser utilizada por las administraciones públicas se basa en varios argumentos relacionados con los riesgos asociados al uso de plataformas privadas para la comunicación oficial.

En primer lugar, X, al ser una plataforma privada, está bajo el control de una empresa. Esto implica que las políticas, la moderación de contenido y la capacidad de censura dependen de una entidad no gubernamental, influyendo en la forma en que se comunican los mensajes oficiales. Así, las administraciones públicas han perdido autonomía en la gestión de la comunicación, dependiendo de las reglas de la plataforma y los intereses de su propietario.

Además, X es susceptible de ser utilizada para la manipulación de información, la propagación de desinformación y la polarización de debates públicos. La moderación en manos privadas carece de transparencia y coherencia, lo que termina desinformando a la ciudadanía y excluyendo puntos de vista esenciales, afectando la confianza en las instituciones públicas.

El uso de plataformas privadas también plantea preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la protección de información sensible. Las administraciones públicas manejan grandes volúmenes de datos que podrían ser vulnerables en plataformas que no cumplen con los estrictos estándares de protección del sector público, como exige el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea.

Por otro lado, estas plataformas no siempre garantizan la transparencia sobre cómo se toman decisiones relacionadas con la moderación de contenido, el tratamiento de datos o la publicidad. Esto dificulta la rendición de cuentas de las administraciones públicas ante los ciudadanos.

Finalmente, al depender de plataformas extranjeras como X, se corre el riesgo de que cambios en sus políticas, fuera del control nacional, afecten la comunicación oficial. Esto puede ser especialmente problemático si dichos cambios entran en conflicto con los intereses nacionales o la soberanía digital.

Los algoritmos de X priorizan contenidos que maximizan la interacción y las ganancias, lo que puede no ser adecuado para la comunicación pública. En lugar de fomentar un debate justo y equilibrado, potencian el sensacionalismo y los mensajes polarizadores, incluso en situaciones de emergencia.

Desde la adquisición de X por parte de Elon Musk, los cambios en sus políticas y estructura han generado inestabilidad, afectando la manera en que las administraciones públicas utilizan la red. Modificaciones en las reglas de moderación, nuevas funcionalidades y alteraciones en la interacción dificultan el uso de X como un canal fiable y predecible para la comunicación oficial.

En resumen, aunque X y otras redes sociales pueden ser herramientas útiles para la comunicación, su uso por parte de las administraciones públicas debe ser evaluado con precaución, considerando los riesgos asociados al control privado de la plataforma, la protección de datos y la posible manipulación de información.

Sergi Marcén i López. Experto en innovación y transformación digital