La importancia de los trabajadores en las administraciones públicas y los riesgos de su desmantelamiento

Las administraciones públicas desempeñan un papel fundamental en el correcto funcionamiento de la sociedad y la democracia. Son el pilar sobre el que se sostienen los servicios esenciales y garantizan la igualdad de oportunidades, la protección social y el mantenimiento del orden. Sin embargo, para que estas instituciones cumplan eficazmente con su labor, es imprescindible contar con un equipo de profesionales cualificados y comprometidos con la neutralidad y el servicio público, ya sean funcionarios o trabajadores públicos.

La neutralidad en el ejercicio de la función pública es una garantía de imparcialidad y justicia en la toma de decisiones. La presencia de un cuerpo estable de trabajadores públicos que no dependa de vaivenes políticos es esencial para evitar la manipulación de las administraciones en beneficio de intereses partidistas o personales. La falta de una plantilla sólida y profesional puede derivar en la aparición flagrante de la corrupción, pues sin mecanismos de control efectivos y personal con la debida formación ética y técnica, el abuso de poder se convierte en una amenaza latente. De hecho, la corrupción es un problema que existe incluso cuando hay buenos profesionales en la administración; sin ellos, el panorama sería aún más desolador.

Un análisis comparativo entre los servicios públicos de Europa, España y Cataluña evidencia la relevancia de contar con un sector público fuerte y bien dotado. En estos sistemas, los servicios básicos como la sanidad, la educación, la seguridad social o los servicios digitales están garantizados por estructuras públicas robustas, lo que permite ofrecer una calidad de vida digna a la ciudadanía. A pesar de los retos y dificultades que enfrentan, estos modelos han demostrado ser eficaces para mitigar desigualdades y generar estabilidad social.

El número de trabajadores públicos en Cataluña es uno de los más bajos de Europa, representando solo el 13,1% de la población ocupada. Esto contrasta con la media de la Unión Europea, que se sitúa en torno al 18%, y con países como Suecia (29%), Dinamarca (28%) o Finlandia (24%), que cuentan con una mayor inversión en empleo público. En comparación, en España el 17,2% de los trabajadores están en el sector público, mientras que en países como Alemania (11%) o Italia (13%) las cifras también son relativamente bajas. Estas diferencias reflejan las prioridades de cada territorio en cuanto a la prestación de servicios esenciales y la estabilidad del sector público. En Estados Unidos, el empleo público representa aproximadamente el 14,91% de la población ocupada. Esto indica que menos del 15% de los trabajadores estadounidenses están empleados en el sector público, una proporción inferior a la media de la Unión Europea, que se sitúa en torno al 18%

Estamos viendo como la situación en Estados Unidos muestra una preocupante tendencia hacia el desmantelamiento de las estructuras públicas. En los últimos tiempos, se han llevado a cabo despidos masivos de empleados públicos, lo que esta debilitando la capacidad del Estado para atender a sus ciudadanos de manera eficiente y justa. Esto llevará a una privatización creciente de servicios esenciales, convirtiéndolos en privilegios accesibles solo para quienes pueden pagarlos y dejando desprotegidas a las capas más vulnerables de la población, al mismo tiempo que hará augmentar la riqueza de los más poderosos. La ausencia de un sector público fuerte generará un incremento en la desigualdad y una precarización de los servicios, evidenciando los riesgos de prescindir de una administración competente y comprometida con el bienestar general. La presencia de un buen equipo de trabajadores públicos en las administraciones es una garantía para la estabilidad y el desarrollo de una sociedad equitativa. La neutralidad y la profesionalidad en el sector público son esenciales para prevenir la corrupción y asegurar que los servicios lleguen a toda la ciudadanía sin distinción. La comparación entre los modelos europeos y la actual situación en Estados Unidos demuestra que desmantelar la administración pública no solo es un error, sino una amenaza para la cohesión social y la justicia. La defensa de un sector público fuerte y eficiente es, por tanto, una prioridad para garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades en cualquier país.

Sergi Marcén i López. Experto en innovación y transformación digital.