La soberanía digital es defensa nacional.

Así, con toda la fuerza de una sentencia política y moral, se afirma una verdad que Europa no puede seguir ignorando. Porque no se trata solo de servidores, algoritmos o plataformas. Se trata de libertad, autonomía y supervivencia democrática en la era digital.

Desde la llegada de Donald Trump al poder, acompañado de un séquito de magnates tecnológicos con una visión privatizadora y hegemónica del ciberespacio, el mundo ha observado una aceleración peligrosa en la geopolítica tecnológica. Bajo la bandera de América First, Estados Unidos ha reforzado su control sobre las infraestructuras digitales globales, erosionando los principios de una red abierta y descentralizada. Europa, el viejo continente, ha quedado atrapada en una telaraña de dependencia digital, creada durante los últimos 50 años,  sin capacidad de maniobra real ante decisiones unilaterales de estados o empresas que responden a intereses extracomunitarios.

Y mientras eso ocurre, se eleva en los parlamentos europeos un discurso belicista que recuerda a los ecos de la Guerra Fría. En España, como en Francia o Alemania, los grandes partidos debaten con vehemencia sobre el rearme, la modernización de los ejércitos, las inversiones multimillonarias en defensa. Se invocan amenazas externas, se alerta a la población sobre la posibilidad de conflictos armados, y se apela a la necesidad de estar preparados, de ser fuertes, de defenderse. Pero lo que no se dice, o se menciona solo de pasada, es que la guerra del siglo XXI se libra también en los códigos fuente, en los protocolos de comunicación, en los centros de datos ubicados en Kansas o Virginia.

Como bien ha dicho Gabriel Rufián en una intervención en el Congreso de los Diputados, “jamás las armas han solucionado nada”. Y lo cierto es que, en la era digital, el armamento convencional ha perdido gran parte de su capacidad disuasoria frente al poder del cibercontrol. Una sola orden remota desde un servidor en Silicon Valley puede generar un apagón que colapse hospitales, interrumpa redes de transporte, paralice servicios financieros o silencie medios de comunicación. No hace falta un misil cuando se tiene acceso privilegiado al sistema nervioso digital de una nación.

Europa, paradójicamente, gasta más en defensa que potencias como Rusia o China. Pero ese gasto se dirige a sistemas tradicionales, mientras se subestima el frente digital. No tenemos soberanía tecnológica. Y la dependencia no es solo una cuestión técnica: es una vulnerabilidad existencial. Las principales herramientas que utilizamos cada día —desde procesadores de texto hasta plataformas de videollamadas, desde bases de datos hasta inteligencia artificial— están alojadas, gestionadas y supervisadas por corporaciones que obedecen a legislaciones ajenas a la europea.

Un ejemplo paradigmático: el 90% de las empresas europeas utilizan servicios en la nube proporcionados por Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud. Empresas que, en virtud del Cloud Act estadounidense, pueden ser obligadas por el gobierno de EE.UU. a entregar datos de ciudadanos europeos sin necesidad de notificación previa. No se trata de teorías conspirativas, sino de normativas vigentes. En un contexto de tensión geopolítica, bastaría un conflicto diplomático para que el acceso a estos servicios fuera restringido, suspendido o manipulado.

Imaginemos por un instante que, por motivos políticos, el Estado o una empresa estadounidense decide bloquear el acceso a su plataforma de gestión empresarial utilizada por miles de pymes catalanas. El impacto sería inmediato: cese de operaciones, interrupción de pagos, caos logístico y social, despidos masivos,… O que una compañía de software de diseño dejara de permitir el acceso a su herramienta en Europa. Arquitectos, diseñadores, ingenieros quedarían inoperativos. Y todo esto, sin que se haya disparado una sola bala.

La soberanía digital no es una quimera proteccionista. Es una necesidad pragmática. Requiere, sin duda, inversión pública y visión estratégica. Pero, sobre todo, exige una nueva narrativa política que entienda la tecnología como un campo de batalla ideológico. Europa no puede limitarse a regular los excesos de Silicon Valley con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la Ley de Mercados Digitales. Debe construir sus propias plataformas, su propia infraestructura, sus propios ecosistemas.

Necesitamos un “Airbus digital” europeo, como se hizo en el sector aeronáutico para competir con Boeing. Necesitamos centros de datos soberanos, sistemas operativos públicos, buscadores neutrales, redes sociales que respondan a principios democráticos. Y necesitamos, sobre todo, que estas tecnologías sean abiertas, auditables, libres de intereses especulativos. Que estén al servicio de los ciudadanos, no de los mercados.

Hay ejemplos que, aunque sean tardíos, nos muestran el camino. En Francia, el gobierno ha desarrollado “Blue“, una nube soberana impulsada por empresas francesas con estándares de seguridad europeos. En Alemania, se ha promovido el uso de software libre en la administración pública. En Estonia, se ha construido una infraestructura digital estatal que permite a los ciudadanos gestionar casi todos los trámites sin depender de servicios externos.

Pero esto no es suficiente. La magnitud del reto exige una alianza continental y una implicación de cada uno de los niveles de administración y entidades sociales. Un pacto europeo por la soberanía digital que trascienda ideologías y ciclos electorales. Que involucre a universidades, centros de investigación, empresas emergentes, administraciones y, por supuesto, a la ciudadanía. Porque no se trata solo de tecnología: se trata de democracia.

El ciudadano digital debe ser sujeto de derechos, no objeto de explotación. Debe poder elegir, comprender, controlar. Debe poder confiar en que sus datos no serán utilizados para manipularle, en que sus comunicaciones no serán espiadas, en que sus decisiones no estarán condicionadas por algoritmos opacos diseñados para maximizar beneficios empresariales. La tecnología debe estar al servicio del bien común.

Por eso, es imprescindible que la política de soberanía digital se fundamente en valores republicanos: la libertad, la igualdad, la fraternidad. Una libertad que garantice la autonomía tecnológica frente a potencias externas. Una igualdad que impida que unos pocos concentren el control de la información y los datos. Una fraternidad que promueva una tecnología inclusiva, accesible, solidaria.

Y eso implica también repensar la educación. Formar a las nuevas generaciones no solo en competencias digitales, sino en pensamiento crítico, en ética tecnológica, en ciberciudadanía. Enseñarles que no todo lo gratuito es inocuo, que no todo lo tecnológico es neutral, que el clic tiene consecuencias. Necesitamos una alfabetización digital integral que empodere a la población frente a los nuevos poderes.

En definitiva, la soberanía digital no es una opción, sino una obligación. No se trata de renunciar a la cooperación internacional ni de caer en autarquías tecnológicas. Se trata de garantizar que, en un mundo interconectado, Europa no sea un simple cliente de servicios ajenos, sino un actor con capacidad de decisión. Se trata de defender la democracia donde hoy se juega: en los circuitos, los datos, los algoritmos.

Porque en el siglo XXI, la verdadera defensa nacional empieza en la nube. Y si no somos soberanos en lo digital, no lo seremos en nada.

Sergi Marcén López. Experto en Innovación y Transformación Digital