Una mañana cualquiera.

Una mañana cualquiera, sin sirenas ni comunicados solemnes, el mundo empieza a desencajarse. Se apaga la luz. Enmudecen los teléfonos. El gas no llega. No hay explosiones ni ciberataques espectaculares, ninguna imagen capaz de abrir un informativo. No es un simple corte eléctrico ni una avería de barrio. El único hilo con la realidad es una radio elemental, chirriante, que intenta captar voces dispersas de otros radioaficionados tan desorientados como tú. Nadie sabe nada. Y, de repente, nada de lo que había funcionado con precisión durante décadas vuelve a responder.

A primera hora del día, miles de personas no pueden acceder a sus correos corporativos. Las herramientas de trabajo colaborativo no responden. Los documentos compartidos quedan bloqueados. Las reuniones virtuales se cancelan. Las empresas intentan entender qué ocurre, pero nadie tiene una respuesta clara. Solo una intuición inquietante: el problema no es técnico, es político.

En las escuelas, las plataformas educativas no funcionan. Profesores y alumnos regresan, de golpe, al papel improvisado y a la incertidumbre. En la administración pública, los expedientes abiertos quedan congelados. Los sistemas de cita previa fallan. Los trámites esenciales se retrasan. En la sanidad, ciertas aplicaciones no sincronizan datos y aparecen retrasos que, hasta hace poco, parecían impensables en una sociedad “digitalmente avanzada”.

Las primeras en caer son las pequeñas y medianas empresas. No tienen planes de contingencia ni equipos técnicos propios. La facturación se detiene. Los pedidos no llegan. Los clientes no responden. No por falta de mercado ni de talento, sino porque la infraestructura digital de la que dependen no está bajo su control, ni bajo ningún control democrático cercano.

En casa, la ciudadanía descubre una verdad incómoda: una parte importante de su vida no le pertenece. Fotografías, documentos personales, recuerdos, contactos, proyectos. Todo aquello que creíamos “nuestro” estaba alojado en algún lugar remoto, bajo unas condiciones que nunca leímos y una jurisdicción que no podemos discutir. La comodidad de años se transforma en fragilidad en cuestión de horas.

No hay ninguna declaración de guerra. Pero tampoco hay soberanía. Es una decisión tomada lejos, muy lejos. Una orden administrativa, un cambio normativo, una restricción de acceso amparada en la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Este escenario no es ciencia ficción. Es una posibilidad real en un mundo en el que la tecnología se ha convertido en infraestructura crítica y en herramienta de poder geopolítico. Ya hemos visto cómo se utilizan las finanzas, la energía o el comercio como instrumentos de presión internacional. Pensar que lo digital queda al margen es una ingenuidad peligrosa.

Y es precisamente en este contexto donde, desde hace tiempo, escuchamos con insistencia el concepto de soberanía digital. En Cataluña, el término se ha instalado en discursos institucionales, planes estratégicos y declaraciones públicas. Pero con demasiada frecuencia se utiliza como una palabra tranquilizadora, como una etiqueta moderna que permite seguir haciendo lo mismo de siempre con otro nombre.

Digitalizar servicios no es soberanía. Externalizar infraestructuras no es soberanía. Depender de plataformas opacas, privadas y extracomunitarias no es soberanía. Decir soberanía no es tenerla.

La realidad es más cruda: con dinero público, ya sea directamente o a través de impuestos y compra pública, hemos contribuido a hacer crecer empresas que no están bajo el paraguas político ni jurídico europeo y, lo peor de todo, que no tienen en su ADN el modelo social, democrático y de derechos que decimos defender. No es un error accidental. Es el resultado de años de decisiones tomadas en nombre de la eficiencia, la rapidez y la comodidad, sin un debate político real sobre el poder que estábamos cediendo.

Cuando no controlas la infraestructura digital, no controlas las reglas del juego. Y cuando no controlas las reglas del juego, la democracia se vuelve vulnerable. El poder algorítmico no necesita imponerse de manera autoritaria; le basta con ser imprescindible, opaco y estructural. Esta es la forma contemporánea de la dominación.

Desde una mirada europea, la soberanía no es solo capacidad de actuar, sino capacidad de no ser dominado. Y hoy, la dominación digital se manifiesta cuando sistemas que no podemos auditar, comprender ni cuestionar condicionan nuestra economía, nuestros servicios públicos y nuestra vida cotidiana. Sin ruido. Sin votaciones. Sin responsabilidades políticas claras.

Una soberanía digital real exigiría decisiones incómodas. Exigiría apostar de manera decidida por infraestructuras propias o realmente europeas, aunque no sean las más fáciles ni las más baratas a corto plazo. Exigiría priorizar software libre y estándares abiertos. Exigiría una compra pública que dejara de consolidar dependencias irreversibles.

Exigiría asumir que la tecnología no es neutral, que es poder, y que el poder, si no se controla democráticamente, acaba ejerciéndose contra la ciudadanía.

El gran peligro hoy no es no tener soberanía digital. El gran peligro es creer que ya la tenemos. Autoengañarnos con discursos optimistas mientras profundizamos la dependencia. Cambiar el nombre a la sumisión no la hace desaparecer; la hace más estable, más invisible, más difícil de revertir.

El día que una decisión lejana bloquee servicios esenciales, paralice la economía o altere la vida cotidiana de millones de personas, ya no hablaremos de soberanía digital como un concepto teórico. Hablaremos de crisis institucional, económica y democrática en tiempo real. Y entonces entenderemos, quizá demasiado tarde, que la soberanía no se proclama: se construye. Y que todo lo que no sea eso es, simplemente, un espejismo.

Sergi Marcén López