Colaboración público-privada vs. privatización digital: el filo de una misma espada

En el complicado escenario de la transformación digital, donde la tecnología reconfigura los límites de lo posible y lo público se ve urgido a repensarse, el modo en que la Administración se relaciona con el sector privado adquiere una dimensión decisiva. La colaboración público-privada (CPP) se presenta entonces no solo como una herramienta técnica, sino como una elección política: una forma de entender la gobernanza del futuro.

No debemos confundirla, sin embargo, con sus parientes más peligrosos: la privatización y la externalización indiscriminada de servicios digitales. La diferencia entre ellas no es meramente semántica; es estructural, ética y estratégica.

Privatizar es ceder. Ceder competencias, ceder infraestructuras, ceder incluso soberanía. Supone trasladar al mercado funciones que antes eran de la Administración, confiando en que la lógica del beneficio privado garantizará, por sí sola, eficacia y modernidad. En el ámbito digital, esto puede significar entregar la gestión de sistemas críticos —como la identidad digital, los datos de salud o los algoritmos de decisión pública— a corporaciones cuya finalidad última no es el bien común, sino el retorno económico. La privatización rompe el pacto democrático: convierte a los ciudadanos en usuarios y al Estado en cliente.

La externalización, por su parte, es a menudo una solución coyuntural convertida en hábito estructural. Suele nacer de la falta de capacidades internas, de la urgencia por ejecutar proyectos, o de inercias burocráticas. Externalizar puede ser útil y necesario, pero cuando se convierte en modelo por defecto, mina la inteligencia digital del sector público, genera dependencia tecnológica y empobrece su capacidad estratégica.

Se entiende que hay una externalización masiva y estructural —y, por tanto, un modelo por defecto— cuando las funciones digitales clave (análisis de datos, arquitectura tecnológica, desarrollo de plataformas, ciberseguridad, gestión de identidades, interoperabilidad, etc.) no pueden realizarse sin recurrir sistemáticamente a proveedores externos, incluso en los ámbitos estratégicos. Cuando el saber hacer digital reside fuera de la Administración, cuando el personal técnico propio es residual o irrelevante en los procesos de decisión, cuando los contratos externos sustituyen a las capacidades internas en lugar de complementarlas, entonces estamos ante una dependencia estructural. Y lo que es peor: ante la renuncia tácita a construir soberanía tecnológica.

En cambio, la colaboración público-privada bien diseñada es otra cosa. No se basa en la renuncia, sino en la complementariedad. El sector público mantiene la dirección, el propósito y el control; el sector privado aporta su saber hacer, su innovación, su músculo operativo. Se comparten riesgos, pero también se negocian valores. El éxito de una CPP no se mide solo por su eficiencia económica, sino por su capacidad para reforzar lo público, preservar derechos y construir soberanía digital.

La gran diferencia, en suma, reside en quién diseña el futuro digital: si lo hace la Administración, con sus socios privados como aliados estratégicos, o si lo hacen las empresas, con la Administración reducido a espectador o cliente.

En un tiempo donde los algoritmos deciden, los datos son poder y la nube tiene más poder que muchas constituciones, no se trata solo de colaborar o no con el sector privado. Se trata de gobernar esa colaboración con inteligencia, ambición pública y visión de largo plazo. La colaboración público-privada puede ser una palanca de emancipación tecnológica, pero solo si se ancla firmemente en los valores republicanos: equidad, transparencia, participación y soberanía.

Sergi Marcén. Experto en Transformación Digital y Políticas Públicas Digitales.