Un tiro en el pie

Nos hablan a menudo, demasiado a menudo, de las maravillas de la inteligencia artificial. Nos explican que hará a las empresas más eficientes, a las administraciones más rápidas y a los servicios más precisos. Y es cierto: en muchos casos, la IA es una herramienta extraordinaria. Puede automatizar procesos, reducir errores y ahorrar tiempo. Pero hay una pregunta incómoda que como sociedad todavía no nos atrevemos a formular con suficiente fuerza: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar?

La tecnología, por sí sola, no es ni buena ni mala. Todo depende de cómo se utilice y de qué límites colectivos decidamos establecer. Y eso ya lo hemos aprendido antes.

Pensemos en el mundo del automóvil. Durante décadas, la industria ha fabricado vehículos cada vez más potentes, capaces de superar con facilidad los 200 kilómetros por hora. La velocidad ofrece ventajas evidentes: llegar antes, reducir tiempos, aumentar prestaciones. Pero también descubrimos el precio de esa carrera desenfrenada: más accidentes, más víctimas, más contaminación y una enorme factura social. Por eso existen límites de velocidad, controles y regulaciones. No porque la tecnología sea mala, sino porque la sociedad entendió que no todo lo que es posible es necesariamente aceptable.

Con la inteligencia artificial nos encontramos ante un dilema similar.

La IA puede resolver problemas en segundos, optimizar procesos y asumir tareas que hoy realizan miles de personas. Pero el verdadero debate no es tecnológico; es profundamente humano. ¿Qué ocurre cuando esa eficiencia se traduce en despidos? ¿Qué ocurre cuando una empresa concluye que una máquina es más rentable que un trabajador?

Desde una lógica estrictamente económica y de mercado, algunos lo verán inevitable. Menos costes, más productividad, más beneficios. Pero una sociedad no puede medirse únicamente por la cuenta de resultados de sus empresas. También debe medirse por la dignidad que ofrece a las personas.

Y es aquí donde la cuestión se vuelve especialmente delicada en el ámbito público.

¿Tiene sentido que una administración compre y utilice inteligencia artificial para mejorar servicios si eso implica destruir miles de puestos de trabajo, tanto de trabajadores externos que antes prestaban un servicio a la administración como de trabajadores internos? ¿Tiene sentido sustituir a trabajadores que hasta ahora contribuían con sus impuestos para que acaben dependiendo de subsidios públicos debido al desempleo? ¿Cuál es la ganancia real para la sociedad si el ahorro tecnológico se convierte en precariedad social?

Pero todavía hay una pregunta más inquietante: ¿tiene sentido que un algoritmo envíe a casa a una persona que hacía su trabajo dignamente y que encontraba en ese trabajo no solo un salario, sino también reconocimiento, identidad y utilidad social?

Ese es el debate que demasiadas veces se esconde detrás de la euforia tecnológica.

La implantación de la inteligencia artificial no es solo una decisión técnica. Es una decisión política, económica y moral. Es decidir qué modelo de sociedad queremos construir. Porque si la IA acaba destruyendo masivamente puestos de trabajo, ¿quién sostendrá el estado del bienestar? ¿Quién pagará hospitales, escuelas, universidades o pensiones? ¿Quién mantendrá el contrato social que ha garantizado estabilidad y cohesión durante décadas?

La pregunta no es si la inteligencia artificial llegará. Eso ya es inevitable. La pregunta es si tendremos el coraje de gobernarla antes de que sea ella quien acabe condicionando la sociedad que queremos ser.

La historia nos enseña que el progreso sin límites puede acabar convirtiéndose en una forma de retroceso. Y quizá ha llegado el momento de entender que innovar no es solo avanzar tecnológicamente, sino asegurarnos de que nadie quede atrás en el camino, no sea que acabemos pegándonos un tiro en el pie.

Sergi Marcén i López